En primer lugar, desde el equipo académico de “EL SEXTANTE” queremos disculparnos por nuestra inactividad en los últimos meses. Como para todos nuestros seguidores, ha sido una etapa compleja, en donde profesores y profesionales hemos debido dedicar muchas horas y esfuerzo a un “tele-trabajo” que difícilmente puede considerarse exitoso en la Administración Pública, aunque tampoco fracasado. Los ciudadanos molestos, los hospitales colapsados, los centros de asistencia primaria cerrados muy a menudo, la problemática de la escuela no universitaria, el caos que viene en las Universidades, con un esfuerzo de muchos empleados que desde su domicilio han mantenido muchos servicios, con dificultades y no pocos problemas.
La última noticia de la prensa, en que se afirmaba que en España se buscan urgentemente más de 35.000 profesores no universitarios (¡interinos, por supuesto ¡¡) da prueba de la ausencia de previsión. Y suma y sigue.
Para los gestores de empleo público, los sindicatos, los representantes de funcionarios y trabajadores y para los mismos empleados públicos, a inicios de septiembre uno de los problemas –que parece “escondido”- será sin duda los nuevos Presupuestos del Estado para el 2021. En la primera semana de septiembre, ningún indicio hay sobre si serán aprobados o no, y lo más grave, se desconoce completamente qué pueden contener estos presupuestos.
Para el equipo de “El Sextante”, se acumulan las dudas. Si hay Ley, ¿que incremento retributivo establecerá para el 2021? Las noticias de 10 de septiembre vaticinan un incremento 0 %. ¿Regulará nuevas tasas de reposición y estabilización de empleo? Y si no hay Ley, o llegamos al 2021 sin Ley, a la espera de negociación, seguiremos con la Ley de 2018, un supuesto inédito en toda la historia constitucional española desde 1978.
En “El Sextante” vamos a seguir muy activos frente a todo lo que se nos aproxima. Especialmente sobre el empleo temporal, pero por extensión, sobre la función pública en general.
Así, en los próximos días publicaremos un Informe sobre si es posible o no en el 2020 y 2021 aprobar “Procesos de Estabilización” en base a las leyes de 2017 y 2018. Casi nadie ha reflexionado sobre el tema, quizá porque el precepto aprobado en julio al respecto es fruto de la más absoluta confusión. Incluso para los especialistas, es difícil conocer que quería o no quería el Gobierno con una disposición específica que parece contradecirse, ella misma y con el ordenamiento jurídico general. Lo veremos próximamente y esperemos poder crear debate y dar soluciones.
Deseamos analizar algunos elementos del periodo septiembre-diciembre de 2020 y estar alerta sobre si realmente llegaremos al 2021 con Ley o sin Ley de Presupuestos. Nos preocupa, y mucho, la ausencia de ideas sobre los cientos de miles de interinos y temporales que hay en la Administración. ¿Se creara de nuevo una bolsa inmensa de cientos de miles de empleados en permanente precariedad, dos conceptos contradictorios por si mismos?
Es cierto que la pandemia del Covid-19 ha aparcado muchas cuestiones, pero la Administración española, en todas sus esferas, sigue con los problemas de siempre, sin hoja de ruta y más que nunca sin criterio sobre como afrontar el elevadísimo índice de temporalidad, aún más creciente con las Ofertas de Empleo paralizadas –por mil y una razones, algunas bien espurias- y con la incorporación de personal temporal para hacer frente a nuevas necesidades, muchas derivadas de la crisis sanitaria y no sólo en este ámbito o el educativo, sino en otros, en donde los permisos, licencias, tele-trabajo y otras circunstancias siguen manteniendo algunos servicios públicos bajo mínimos.
También el gobierno anuncia, nuevamente, una “reforma laboral” –sea “reforma”, sea “derogación” o parte de una u otra- que a buen seguro afectará al empleo público local. Nada ya se ha dicho de la voluntad del ministerio, de aprobar una ley de desarrollo del EBEP, que la ministra Darias anunció en febrero, antes de la crisis sanitaria.
Y en esta semana de “reentrée” del 7 de septiembre, también se anuncia una propuesta nueva sobre la jubilación, para intentar prorrogar la edad de fin de la vida laboral, aunque nada se dice de los empleados públicos, que siguen así aún por dos vías: los convenios colectivos para el personal laboral y el EBEP y sus leyes de desarrollo, en donde en cada Administración hay un criterio distinto, desde la obligatoriedad de jubilación a los 65 años y otras que permiten la prórroga hasta los 70.
A todo ello y a más cuestiones nos ocuparemos en “EL SEXTANTE” durante el próximo curso “académico” que ahora se inicia. Siempre intentando ser útiles a nuestros lectores.
Les deseamos a todos una mejor vuelta al trabajo y les invitamos a leer nuestros próximos artículos.
El Sextante, equipo de redacción.
10 de Septiembre de 2010.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]